Chiapas ocupa el segundo lugar de marginación en la República Mexicana ya que más de la mitad de los municipios presentan un alto y muy alto grado de marginación (54% y 40% respectivamente). De acuerdo a los datos presentados dentro del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 – 2012, la entidad ocupa el quinto lugar en desigualdad social en América Latina  y de los primeros puestos a nivel mundial. 

 

La situación económica, política y social en esta entidad del sureste mexicano resulta desalentadora, los índices de pobreza y marginación son muy altos, y durante los dos últimos sexenios no se han visto avances reales que dirijan a un mejor futuro a la población del estado; el cual, por otra parte, es uno de los más ricos y diversos en recursos naturales del país.

 

Es necesario recordar que Chiapas es un estado predominantemente rural. De acuerdo con los datos del censo 2010, reportado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI), 51% de su población vive en zonas rurales, donde el 42.76% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra relacionada a actividades agropecuarias, mientras que, en el resto del país, la proporción es tan sólo 11.9%.

 

Analfabetismo

En cuanto a la educación, el analfabetismo presentó una disminución mínima en el periodo 2005-2010. Actualmente el INEGI reporta que para el año 2010 Chiapas presenta un 18% de analfabetismo, mientras que a nivel nacional es del 8%. Estos datos evidencian que el perfil educativo en el estado es sumamente bajo, y por ende, sigue siendo un problema prioritario a resolver.

 

La mujer indígena en Chiapas

Dentro de las comunidades indígenas del estado, donde las condiciones de pobreza son aún más graves, la situación que viven las mujeres está llena de dificultades, principalmente debido a las dinámicas y costumbres que existen dentro de las comunidades que siguen invisibilizando el trabajo que ellas realizan y el cual juega un papel de gran importancia para la economía y la subsistencia familiar.

 

Crisis alimentaria

Aunado a esto, la pérdida de soberanía alimentaria en las comunidades tiene como trasfondo el debilitamiento de su estructura productiva ante la ausencia de políticas públicas que fomenten la producción y regulen el mercado de productos. La caída en los precios de los excedentes agrícolas y los productos que las comunidades dirigen tradicionalmente a los mercados regionales, no sólo desincentiva la producción sino que explica la disminución de los pequeños ingresos económicos empleados por las familias para responder a las necesidades básicas en salud, educación y alimentación.